La lucha contra el crimen organizado requiere el uso de herramientas como las escuchas telefónicas de los delincuentes, previa autorización de un juez. Sin embargo, un número de modificaciones legales aprobado a principios de marzo por la Cámara de Diputados de México podría dar a las autoridades la posibilidad de conocer la ubicación de los teléfonos celulares en el país, con un posible desfase que potencialmente violaría la privacidad de los más de 94 millones de usuarios de teléfonos celulares en el país.
El proyecto (coloquialmente llamado Ley de Geolocalización), propuesta hace un año ante el Senado de la República por los senadores Tomás Torres Mercado (Partido Verde Ecologista de México), Fernando Jorge Castro Trenti (Partido Revolucionario Institucional) y Alejandro González Alcocer (Partido Acción Nacional) y aprobada el pasado 1 de marzo con 315 votos a favor y seis en contra contiene modificaciones a normas como el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otras.
Estas modificaciones contienen nuevas obligaciones para los operadores de servicios de telecomunicaciones: crear una combinación de teclas que permita enviar una señal de socorro a las autoridades, inutilizar celulares con reporte de robo y bloquear la señal de celulares dentro de prisiones e instituciones. para el encarcelamiento de los delincuentes juveniles.
Sin embargo, dentro de las modificaciones aprobadas, existe una del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales que faculta al “Procurador General de la República o a los servidores públicos en quienes éste delegue la facultad” de obtener, “por oficio simple o electrónico medios a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones ubicación geográfica, en tiempo real de los equipos de comunicaciones móviles asociados a una línea, que estén relacionados”.
“Esta ley contiene un elemento muy riesgoso: la autoridad solo necesita enviar una carta al operador de telecomunicaciones para que informe la ubicación del teléfono de una persona”, explica el abogado Salomón Padilla, socio especializado en telecomunicaciones de la firma SAC Abogados.
“Dado que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de solicitar la ubicación de un celular, puede ocurrir que el gobierno ordene conocer la posición del celular de un adversario político, sin control posible del Poder Judicial”, dijo el abogado. agregando que ya existen disposiciones en el artículo 16 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para ofrecer información, pero que requieren la autorización de un juez, ante quien se debe justificar la ubicación.
CNNMéxico buscó el punto de vista de Telcel, el operador de telecomunicaciones móviles más grande del país. Al cierre del texto, esto no sucedió. Por su parte, Ignacio Cepeda, director de la consultora de telecomunicaciones Asercom, explicó en una entrevista vía correo electrónico la factibilidad técnica de habilitar estas nuevas obligaciones.
El experto destaca que “todos los fabricantes de equipos de telecomunicaciones móviles ofrecen sistemas de localización basados en la proximidad a las estaciones base ”. Sin embargo, al principio “será difícil habilitar el sistema para canalizar automáticamente las solicitudes de la autoridad y manejar simultáneamente numerosas solicitudes de geolocalización”.
Sin embargo, la ley ha sido aprobada y ahora está a la espera de que el Poder Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucederá en las próximas semanas.
